Información del curso

Los patógenos, las malas hierbas y los invertebrados causan importantes pérdidas de plantas cultivadas en todo el mundo. La protección fitosanitaria es necesaria para proteger nuestros cultivos. Pone de manifiesto su valor y beneficios para la agricultura y la silvicultura, así como para la horticultura, en particular al reducir las pérdidas de rendimiento y garantizar la calidad de los cultivos. También aporta un beneficio global sustancial a la sociedad: contribuye a garantizar los ingresos de las explotaciones agrícolas en la agricultura, la silvicultura y la horticultura y, por tanto, también a asegurar el empleo en las zonas rurales. Es un factor importante para mejorar la eficiencia de la producción vegetal en tierras abiertas y para garantizar la inocuidad de estos productos desde el punto de vista sanitario.

La estrategia temática de 2006 sobre el uso sostenible de los plaguicidas dio lugar a un nuevo marco legislativo para la aprobación y el uso de plaguicidas. Como parte de esta estrategia, se adoptó la Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo el 21 de octubre (denominada «Directiva sobre el uso sostenible»), por la que se establece el marco de la actuación comunitaria para conseguir un uso sostenible de los plaguicidas mediante la reducción de los riesgos y los efectos del uso de los plaguicidas en la salud humana y el medio ambiente, y el fomento de la gestión integrada de plagas (GIP) y de planteamientos o técnicas alternativos, como las alternativas no químicas a los plaguicidas.

La Comisión Europea ha seguido de cerca la aplicación de la Directiva sobre el uso sostenible en los Estados miembros. Se han llevado a cabo avances considerables y actualmente todos los Estados miembros han adoptado sus planes nacionales de auditoría. Sin embargo, los resultados de la evaluación revelan que la aplicación de los Estados miembros en el marco de la Directiva sobre el uso sostenible indica que existe una gran diversidad en cuanto a su exhaustividad y cobertura, y que los Estados miembros deben mejorar sus planes, como por ejemplo, incluir objetivos medibles, con el fin de proporcionar una imagen clara del alcance de la aplicación de la Directiva.

El interés y las ambiciones particulares se centran en la aplicación y la evaluación de los principios de la GIP y de enfoques o técnicas alternativos, como las alternativas no químicas a los plaguicidas, con el fin de reducir la dependencia del uso de los mismos. Los Estados miembros aún no han establecido criterios claros para garantizar que todos los usuarios profesionales apliquen los principios generales de la GIP. No se está comprobando de forma sistemática el cumplimiento de los principios de la gestión integrada de plagas por parte de los agricultores.

Para seguir avanzando hacia una mejor aplicación de las prácticas de uso sostenible y de las disposiciones de las Directivas, la formación de los agentes que participan en la elaboración de políticas y directrices y en las actividades de control, supervisión e información se considera un peaje clave y una prioridad para los esfuerzos de la Comisión Europea.